1. Coordinar a través de sus dependencias, en todo el ámbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de Ejecución Penal Bonaerense y/o los aprobados por la Secretaría de Derechos Humanos, destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente, al tratamiento en el medio libre y a la asistencia de los liberados ó tutelados, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz social y a la disminución de la criminalidad y la reincidencia.
2. Administrar la ejecución de la pena en libertad, actuando como auxiliar permanente de la justicia.
3. Coordinar con el Servicio Penitenciario Bonaerense la etapa pre-liberatoria con la debida antelación al otorgamiento de la libertad y con el fin preventivo de disminuir la reiteración del delito.
4. Coordinar la aplicación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad con la autoridad judicial, en los ámbitos provinciales, nacional, federal, y extranjeros y otros Patronatos de Liberados.
5. Proponer y/o aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial sobre la conveniencia del otorgamiento de la conmutación de pena de sus tutelados.
6. Celebrar convenios interinstitucionales que propendan al cumplimiento de los objetivos del instituto liberatorio.
7. Promover los estudios e investigaciones para la elaboración de proyectos, propuestas y programas tendientes a la ejecución de acciones afirmativas y formulación de acciones positivas destinadas a los liberados, como parte de la política de prevención criminal de la Provincia.
8. Difundir e informar a la comunidad la temática de las personas en conflicto con la ley penal, a fin de requerir su colaboración en el proceso de inserción social.
9. Disponer en todo el territorio de la provincia la creación de oficinas de atención, subdelegaciones, talleres protegidos y centros integrales para la inclusión social (CIPIS), con su respectiva dotación de personal; o suprimir los ya existentes.

Patronato de Liberados Bonaerense